Diputados Morano y Provoste lamentaron rechazo de indicación que limita alza de matrículas en colegios que pasan a ser particulares pagados

Tras ser despachado de la Comisión de Educación, el segundo proyecto de ley que introduce diversas modificaciones a la Ley de Inclusión, los diputados Yasna Provoste y Juan Morano lamentaron el rechazo de una indicación de su autoría, que limitaba el alza de las matriculas en los colegios que optaron por convertirse en instituciones particulares pagadas, asegurando que “vamos a seguir trabajando en el Congreso para generar mayores normas de protección para las familias, frente a decisiones que lo único que se buscan es privilegiar el negocio”.

Al respecto, la diputada Provoste indicó “nuestra indicación lo que buscaba era limitar el alza en las matriculas de los colegios que deciden convertirse en particular pagado, con el propósito de garantizar normas de protección a los padres, madres y familias que tienen a sus hijos en estos colegios. Lamentablemente la comisión declaró inadmisible nuestra indicación, pedimos la votación de la admisibilidad y la perdimos”.

En tanto, el diputado Morano sostuvo “perdimos la indicación que regulaba el alza de las matriculas y mensualidades de los estudiantes, cuando el colegio se transforma en particular pagado, para proteger a las familias que tienen el derecho de mantener a sus hijos ahí, y no pueden soportar un alza del 200% a 300% de los aranceles”.

Respecto a la norma que fija un mecanismo transitorio para la regularización de inmuebles educacionales, que permita obtener de manera más expedita la recepción definitiva de obras por parte de las Direcciones de Obras Municipales, el diputado Juan Morano explicó que “lo que se busca es ir mejorando algunas condiciones de la ley general de inclusión, particularmente algunas normas que tienen que ver con el traspaso de los colegios a la modalidad de arriendo y calidad de construcción, en el sentido de que se flexibilizan las normas de la Ley de Urbanismo y Construcción, es como una Ley del Mono para educación”.

“El 31 de diciembre de 2018, es un plazo bastante acotado para que todos los edificios que puedan tener una situación que regularizar lo hagan. Planteamos inicialmente el 2020, pero el Ejecutivo no estuvo de acuerdo y logramos una fecha intermedia que es el 31 de diciembre de 2019. Vale decir, que desde hoy a esa fecha podrán regularizar los edificios cumpliendo con un paquete normas especiales, no todas las que establece la Ley de Urbanismo y Construcción”, comentó Morano.

Finalmente, la diputada Provoste detalló que “este proyecto modifica y corrige varias normas de la Ley de Inclusión, fijando un mecanismo transitorio para la regularización de inmuebles educacionales, estableciendo un mecanismo permanente para atender situaciones de pago de subvención en casos de emergencias, adecuando la situación de los establecimientos a las normas de FICOM, corrigiendo una referencia desactualizada en la Ley de Presupuesto Vigente, excluyendo del Sistema de Admisión Escolar a los establecimientos que impartan exclusivamente educación de párvulos, estableciendo condiciones para la adecuación a la normativa para aquellos sostenedores que caigan en incumplimiento, entre otras”.

Compartir