Diputado Morano por controversia en aplicación de Ley Navarino: “El actuar de las autoridades refleja el cumplir con celo sus obligaciones, anteriormente omitidas”

La Comisión de Zonas Extremas y Antártica chilena de la Cámara de Diputado recibió al Seremi de Economía y Hacienda de la región de Magallanes, Christian García, para que entregara más antecedentes respecto de la aplicación de las Leyes de Excepción, más conocida como “Ley Navarino” y con ello resolver las discrepancias que existen entre algunos empresarios y el Intendente.

En la instancia, el representante del Intendente y del Ministerio de Hacienda en Magallanes, explicó que, “desde que se puso en vigencia la Ley en 1985, no se había realizado ninguna fiscalización a las 202 empresas que solicitaron acogerse a la franquicia que comprobara si estaban cumpliendo con los requisitos exigido en la ley para recibir el beneficio”.

“Tras el proceso de fiscalización que se realizó a través de la Dirección del Trabajo y el SII, se logró descubrir que había empresas que ya no existían, otras que habían abandonado los establecimientos, algunas que estaban haciendo otras actividades e incluso, encontramos entidades que no tenía el pago de la patente municipal y que no funcionaban en el lugar que correspondía, por lo que se procedió a declarar la caducidad de los contratos, destacable es señalar que múltiples empresas aparecen en una misma dirección, ya llevamos 130 caducidades”, aseguró García, especial preocupación la existencias de una misma dirección para tantas empresas.

Al respecto, el diputado DC, Juan Morano, señaló que “tras la exposición del Seremi de Hacienda, podemos afirmar que, por alguna razón, que lamentablemente no sabemos, la normativa no se había estado cumpliendo. La Ley señala, claramente, que, si a los dos años la empresa no concreta su inversión y parte con su actividad, el contrato prescribe automáticamente y eso ocurrió muchas veces”. Agregó que “hay situaciones tan anómalas como que se repite una misma dirección para 17 permisos diferentes, lo que a todas luces no corresponde” y debe investigar la administración y la justicia.

Recordemos que los industriales, quienes fueron a exponer su postura anteriormente a la comisión, acusaron al Gobierno de tener un actuar anormal e irregular en la aplicación de la normativa y que, vía reglamentación y cambios en las normas administrativas, se estaba haciendo imposible poder acceder a los beneficios de la ley.

Al respecto, Morano explicó que “ha habido un aumento exponencial del pago de la bonificación. Hemos saltado de cifras entorno a los 9 mil millones de pesos en 2010, a cifras que superan los 30 mil millones en 2017, por lo tanto, nadie puede afirmar que no se está pagando. Creo que no había conciencia de parte de los beneficiarios con este contrato ley, que es el Intendente quien tiene la facultad de entregar la concesión, que por lo demás es individual y los autoriza a realizar sólo la actividad solicitada”, dijo el parlamentario, asegurando que “los reclamos realizado por los industriales no aparecen ajustados a la práctica. Las cifras que se nos expusieron señalan algo totalmente distinto, que ha aumentado el pago de la bonificación y que por otra parte no se han cumplido las normas como corresponde para acceder al beneficio y la falta de fiscalización anterior generó la sensación de que todo se podía hacer de cualquier modo”.

Finalmente, Morano, fue enfático en señalar que “quedamos satisfechos con la explicación y los antecedentes que nos ha entregado la Secretaría Ministerial de Hacienda, en representación del ministro de la Cartera y el Intendente de Magallanes y que salvo la presentación de antecedentes en contrario y concluyentes por parte de la Asociación, no propondrá nuevas iniciativas de fiscalización desde la comisión salvo la de los hechos anómalos como las 17 empresas con la misma dirección, quien es él, la o los propietarios de las mismas, del terreno de la mencionada dirección y si existe algún hecho delictivo en aquello o reprochable desde el punto de vista ético .

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